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El Tribunal Supremo de Australia defiende la protesta pacífica

Dr. Bob Brown  /  Feb 19, 2019  /  6 Min Read  /  Activism

Threatened with development, the Tarkine is a vast wilderness in a remote part of North West Tasmania containing the largest tract of cool temperate rainforest, wild windswept beaches, extensive buttongrass plains and pristine wild rivers in Australia. Bob Brown and his Foundation have been campaigning for years to protect this unique landscape. Photo: Rob Blakers (copyright 2016 Patagonia Inc.)

El Tribunal Supremo de Australia ha trazado una línea de división en contra de las leyes que reprimen el derecho de las personas a protestar pacíficamente.

La semana pasada golpeó fuertemente a la Ley de Lugares de Trabajo de Tasmania 2014 (Protección contra los Manifestantes), dirigida a impedir que las personas protesten efectivamente en contra de actividades empresariales potencialmente dañinas, como la tala de bosques. La prueba de fuego fue el arresto de un grupo de personas que protestaban pacíficamente contra la tala autorizada por el gobierno en Lapoinya.

Lapoinya es un conjunto de granjas en el noroeste de Tasmania, el estado insular de Australia. Sus colinas están adornadas por un mosaico de exuberantes pastizales, campos arados y bosquecillos de árboles. En el corazón del distrito se encontraba el Bosque de Lapoinya, casi 100 hectáreas de bosque lluvioso repleto de vida silvestre, eucaliptos y jardines de helechos por los que atraviesan las cristalinas aguas del Maynes Creek, un importante criadero para los cangrejos de río más grandes del mundo. El bosque fue un hábitat vital para otras criaturas amenazadas y poco comunes, como el demonio de Tasmania y la gigante águila audaz.

Cuando el conservador gobierno de Tasmania reveló los planes de despejar completamente el bosque para una procesadora de madera de propiedad de Ta Ann, una compañía maderera malaya, la gente de Lapoinya confió en que el sentido común prevalecería. Llamaron al primer ministro Will Hodgman para intervenir y llevaron adelante una llamativa pero respetuosa campaña para prevenir la tala.

Sin embargo, ni el primer ministro ni su Ministerio para los Bosques visitaron el lugar o intervinieron. Al contrario, se promulgaron draconianas leyes en contra de las protestas y, para inicios de 2016, la tala era inminente.

En mi calidad de ex senador del Partido Verde de Tasmania en el Parlamento Australiano, fui invitado a una cena por la comunidad de Lapoinya seguida por un concierto de un grupo de talentosos jóvenes locales, con canciones consagradas a los bosques. El dilema de Lapoinya era agudísimo: Mientras que este buen grupo de personas nunca acudiría a la violencia o atacaría a la maquinaria forestal, tampoco serían silenciados mientras que una administración distante e indiferente en Hobart, la capital de Tasmania, destruía su icónico bosque.

Los locales prepararon una oposición pacífica. Si el público podía ver cuán hermoso era el bosque de Lapoinya, aún en esta hora undécima, era de esperar que la presión política resultante persuadiera al gobierno de retroceder.

Renowned Australian environmentalist, Dr. Bob Brown inspects a clear-felled section of Tasmania’s Lapoinya forest shortly before being arrested in January 2016. Photo: Bob Brown Foundation

El renombrado ambientalista australiano, Dr. Bob Brown, inspecciona una sección talada del Bosque de Lapoinya poco antes de ser arrestado en Enero de 2016. Foto: Fundación Bob Brown

Los bulldozer y las motosierras llegaron en enero de 2016, junto a un grupo de policías a caballo. Si bien el primer ministro Hodgman había asegurado a los tasmanos que las nuevas leyes iban dirigidas a los ambientalistas “radicales” y no a “mamás y papás”, las primeras dos personas arrestadas fueron un abuelo y una madre de dos hijos. Esa madre, que también es una enfermera de neurocirugía, era Jessica Hoyt, cuyos padres Stewart y Bárbara, tienen una granja contigua al bosque. En su adolescencia, Jessica disfrutaba de cabalgar por los senderos ecuestres del bosque. Ambos enfrentaron multas de primeros delitos por las que debieron pagar 10 mil dólares.

Al día siguiente, tambaleante por la destrucción en curso, Jessica volvió con un grupo de amigos a ese bosque condenado. Fue arrestada nuevamente mientras caminaba entre los árboles y los helechos. Este segundo arresto la puso en riesgo de ser encarcelada por cuatro años.

Un par de días después, junto a muchos otros, yo también fui arrestado tras volver a Lapoinya para hacer video clips, destinados a la distribución pública, sobre la mentalidad absolutamente sangrienta de la operación del gobierno. Estaba parado en una reserva adyacente al bosque. Un bulldozer había retrocedido y el chillido de la motosierra y el rugido sordo de los árboles cayendo eran cercanos y confrontacionales.

La incongruencia de leyes que sofocan una protesta tan razonable sobre la destrucción de bienes comunes, en una democracia con una larga historia de avances gracias a la protesta pacífica, fue movilizadora. Esto fue subrayado cuando, después de nuestros arrestos, recibí numerosos mensajes de expertos legales de todas partes de Australia sugiriendo que la Ley de Lugares de Trabajo de Tasmania 2014 (Protección contra los Manifestantes) violaba el derecho a libertad de expresión política implícito en la constitución nacional.

After being told he could be arrested, Dr. Bob Brown replied, “That’s right officer, I’m here for the forest. They’re here to destroy it so we’ve got an impossible situation.” When informed of his arrest, he simply said, “So be it.” Photo: Bob Brown Foundation

Después de ser advertido de que podría ser arrestado, el Dr. Bob Brown respondió, “Es correcto oficial, estoy aquí por el bosque. Ellos están aquí para destruirlo, por lo que tenemos una situación imposible”. Cuando se le informó de su arresto, simplemente dijo “Que así sea”. Foto: Fundación Bob Brown.

Guiado por el procurador de Hobart, Roland Browne, y acompañado por Jessica como co-demandante, me las arreglé para que el abogado de Melbourne, Ron Merkel QC, desafiara la validez constitucional de las leyes de Hodgman en el Tribunal. Una apelación pública de mi fundación recaudó más de $100.000 para enfrentar los costos, especialmente por si perdíamos. Patagonia, una compañía ética, fue el mayor donante para esta apelación y la que nos dio mayor respaldo al enfrentar las consecuencias de perder y tener que pagar los costos.

Sin embargo, después de meses de deliberación, el Tribunal Supremo dictaminó que esas leyes sí infringen la libertad de protestar pacíficamente, que es inherente a la Constitución Australiana. El Tribunal Supremo indicó que, “es necesario tener muy claro que la libertad implícita es esencial para la mantención del sistema de un gobierno representativo y responsable al que provee la Constitución. La libertad implícita protege la libre expresión de opinión política, incluyendo la protesta pacífica, que es indispensable para el ejercicio de soberanía política por parte de los pueblos de la Commonwealth. Ella opera como un límite en el ejercicio del poder legislativo cuando busca impedir esa libertad de expresión”.

El gobierno de Hodgman violó ese límite. Tasmania ya contaba con el conjunto habitual de leyes para evitar comportamientos peligrosos o dañinos. También tenía una Ley de Manejo de Bosques que, además de garantizar al público su acceso permanente a los bosques, empodera a la policía para arrestar a las personas que interfirieran con las operaciones forestales. Estas nuevas leyes draconianas no eran necesarias para ese propósito. Ellas fueron diseñadas para obstaculizar las protestas ambientales efectivas, como la de Lapoinya, que podrían atraer apoyo del público y ser políticamente embarazosas.

El Tribunal Supremo desestimó las leyes e hizo notar el efecto disuasivo sobre la protesta pacífica de sus disposiciones: “El efecto combinado… puede detener la protesta de un grupo de personas y sus efectos pueden extenderse en el tiempo. Los manifestantes serán disuadidos de regresar zonas cercanas a las faenas forestales por días e incluso meses. Durante ese tiempo, las operaciones sobre las que ellos buscan protestar seguirán trabajando pero sus voces no serán escuchadas”.

Estamos en un mundo de enorme, rápido y progresivo daño ambiental. Las corporaciones que se enriquecen con la explotación de recursos no renovables como el bosque nativo enfrentan cada vez más escrutinio público y antipatía. Ellos no logran tener un argumento ganador para destruir ecosistemas. Su alternativa es destruir ambientalistas. En otras latitudes, montones de ambientalistas están siendo asesinados cada año por acaparadores desenfrenados. Pero Australia es una democracia pacífica y la opción efectiva es que operadores del poder corporativo presionen a los gobiernos débiles para que las protestas se vuelvan inútiles.

La decisión del Tribunal Supremo australiano dibuja un limite y será el referente para los próximos desafíos si otros gobiernos pasan leyes para impermeabilizar a la destrucción ambiental de la reacción pública pacífica. Más aún, refuerza el derecho de las personas de levantarse por cualquier causa positiva.

Hay un creciente número de llamados a los gobiernos, que no pueden esperar para entregar concesiones a la propuesta de una enorme mina de carbón de Adani en Queensland que será una asesina de corales, para promulgar leyes anti protesta más draconianas que aquellas ya existentes. Quienes hacen esos llamados desde la extrema derecha deberían leer este juicio para la democracia.

El bosque de Lapoinya fue arrasado, pero se ha demostrado que es una victoria pírrica para los destructores. Desde la pacífica pero sentida oposición de un puñado de personas en Lapoinya ha emanado un dictamen del Tribunal Supremo defendiendo el derecho a protestar pacíficamente para todos los australianos.

Protege Nuestros Derechos

A pesar del dictamen, el gobierno de Tasmania continúa defendiendo la legislación y no está dispuesto a revocarla en el Parlamento, lo que significa que un ecosistema único en Tasmania como la región de Tarkine aún no está a salvo. Una ves más, te urgimos a unirte a nosotros en rechazar estas leyes que restringen nuestro derecho a protestar pacíficamente y proteger el medio ambiente.

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