Oye, ¿cómo va esa demanda contra el presidente?

Nos alegramos de que hayas preguntado… y si aún no lo sabes, en diciembre de 2017 el presidente Trump emitió una proclamación que recortaba a la mitad el monumento nacional Bears Ears de Utah en un 85 por ciento y el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, a 160 kilómetros al oeste de Bears Ears, por la mitad. En una respuesta sin precedentes, nos unimos a una coalición de pueblos nativos norteamericanos y agrupaciones comunitarias al cuestionar la legalidad de la acción del presidente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Columbia. La teoría legal es simple: la Ley de Antigüedades de 1906 otorga al presidente la autoridad para crear monumentos nacionales, pero no para reducirlos o rescindirlos.

Hay cinco demandas pendientes: dos por Grand Staircase y tres por Bears Ears. El tribunal de distrito ha consolidado cada conjunto de casos (las demandas de Grand Staircase por un lado y las demandas de Bears Ears por el otro) con fines administrativos para que los casos dentro de cada conjunto consolidado procedan según el mismo cronograma.

En enero de 2018, la administración de Trump intentó trasladar el caso desde Whashington DC a Utah (el tribunal se negó) y, en octubre, el gobierno presentó una moción para desestimar la demanda por completo. Desde entonces, cada parte ha presentado informes. En este momento, estamos esperando una decisión de la jueza Tanya S. Chutkan para saber si el caso procederá. Eso se espera para mediados o finales de 2019.

Estamos orgullosos de unirnos a varias tribus nativas americanas (Hopi, Nación Navajo, Ute, Ute Mountain Ute y Zuni) y ONG dedicadas a la conservación en el litigio por Bears Ears, incluidos nuestros codemandantes: Utah Diné Bikéyah, Friends of Cedar Mesa, Conservation Lands Foundation, Archaeology Southwest, National Trust for Historic Preservation, Society of Vertebrate Paleontology y Access Fund. Estos dos monumentos nacionales fueron designados para proteger una multitud de sitios de importancia cultural para los nativos norteamericanos. Los hechos no están en disputa. Los cinco casos se reducen a lo que dice o no dice la Ley de Antigüedades.

“Sigue habiendo mucha desinformación sobre las comunidades nativas así como estereotipos negativos en el estado de Utah y esto impide que las tribus tengan los mismos derechos y sean tratadas como ciudadanos iguales”, dice Honor Keeler, subdirector de Utah Diné Bikéyah, que está trabajando en el caso. El establecimiento de estos monumentos fue parte de un proceso de curación, dice Keeler, un ciudadano de la Nación Cherokee, y “un reconocimiento de que los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar el futuro de sus tierras sagradas y tradicionales”.

“Me ha alentado muchísimo lo bien que todos los abogados demandantes están trabajando al unísono en estos casos”, dice Natalie Landreth, abogada sénior del Native American Rights Fund, que representa a las tribus en su demanda. Landreth es ciudadana de la Nación Chickasaw y reside en Anchorage, Alaska. “Simplemente, dada la gran cantidad de personas involucradas, algo así como 20 abogados, te da que pensar. La colaboración ha sido mucho más fácil de lo esperado y realmente ha beneficiado al caso”.

Mientras tanto, el panorama político que rodea a Bears Ears ha cambiado considerablemente. En el pasado, la Comisión del Condado de San Juan de Utah se había opuesto a la designación de Bears Ears como monumento nacional. Con la elección de Willie Grayeyes en noviembre de 2018, un líder Diné (Navajo), la comisión ha condenado desde entonces la decisión del presidente de recortar el monumento. Reflejando los deseos de la mayoría de las comunidades locales, la comisión ha ido más allá y ha aprobado una resolución que apoya la restitución del monumento. En el Congreso, el representante de Arizona, Rubén Gallego, y la representante de Nuevo México, Deb Haaland, introdujeron la Ley de Expansión y Respeto por la Soberanía de Bears Ears (Ley BEARS), que llevaría el monumento al tamaño solicitado originalmente: un tamaño que es 242.800 hectáreas más grande que los límites que el entonces presidente Obama designó en 2016.

“Mientras esperamos a ver cómo se desarrolla el litigio, el gobierno federal, la Oficina de Administración de Tierras y Servicio Forestal, ha estado acelerando el proceso de planificación para una Declaración de Impacto Ambiental para las unidades Shash Jaa’ e Indian Creek”, dice Keeler. “Estas dos unidades comprenden solo el 15% del límite original del Monumento Nacional Bears Ears. Nos preocupa que no se hayan realizado los estudios culturales y ambientales adecuados. Para comprender completamente cómo proteger Bears Ears, se necesitan significativas consultas con las tribus, que son parte de la relación entre gobiernos que las tribus tienen con el gobierno federal. Las tribus han mantenido Bears Ears desde tiempos inmemoriales”.

“Aunque legalmente las tribus y las ONG están defendiendo el mismo caso, que el presidente no tiene la autoridad para reducir estos monumentos, las tribus han pedido sesiones informativas independientes de forma constante, para así abordar sus preocupaciones culturales particulares”, dice Landreth. “Si bien los terrenos públicos en un monumento son de todos, el interés tribal en estos espacios es diferente al de recrearse en ellos. Para las tribus, Bears Ears está muy vivo. Tienen antepasados enterrados allí y hasta el día de hoy lo consideran parte de su hogar. Este es un lugar donde hay estructuras e historia humanas más antiguas que las pirámides egipcias: precisamente el tipo de lugar que la Ley de Antigüedades pretendía proteger. Si va a haber argumentos frente al juez, y espero que los haya, ese será un lugar donde estas historias cobren vida”.

Para Patagonia, unirse a las batallas legales fue extraordinario y resultaba obvio. Durante más de una década, la compañía ha trabajado codo a codo con las tribus, los escaladores, la comunidad del canyoning, los trail runners y los pescadores para proteger estas tierras públicas, por lo que cuando Trump intentó ofrecerlas a los intereses del petróleo, el gas y la minería, la decisión de demandar llegó rápidamente.

“Se necesitó exactamente un correo electrónico al directorio”, dice la consejera general de Patagonia, Hilary Dessouky . “Y la respuesta fue instantánea: ‘Sí. Absolutamente. Vamos por ello'”.

Conoce más sobre por qué Patagonia está en la lucha por Bears Ears en Patagonia Action Works .