Por una Ley de Ríos Salvajes

El acto de abrir una llave para tomar agua, bañarnos, lavarnos las manos o llenar el hervidor, es algo que hacemos de manera tan automática que se nos cae el mundo cuando, de un momento a otro, vemos interrumpido el suministro de agua. Corremos al WhatsApp para buscar información en el chat de vecinos, revisamos Twitter para saber qué ocurrió y nos colgamos al teléfono para llamar a la compañía que nos abastece. Y es que la mayoría de los chilenos estamos tan acostumbrados a la abundancia de agua, que nos parece inconcebible no tenerla.

Pero la situación ha cambiado drásticamente. Chile está viviendo la peor crisis hídrica de su historia por una combinación de factores: una mala gestión de nuestras aguas, los efectos cada vez más visibles del cambio climático con una constante disminución de los caudales de ríos y la peor mega sequía en 60 años. Como consecuencia el país ha transitado desde una situación de privilegio hídrico—teniendo 1251 grandes ríos en su territorio—a estar en el puesto 18 en la lista global de países con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico. Actualmente, un tercio de las comunas del país se encuentra con decreto de escasez hídrica y el Estado debe abastecer de agua potable con camiones aljibe a, al menos, 400 mil personas en todo el país.

A pesar de estas problemáticas, pareciera que el Estado y los ciudadanos no se dan por aludidos, o bien no quieren hacerlo, haciendo honor al dicho “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Sumado a la crisis hídrica que enfrentamos, el consumo de agua sigue aumentando, en especial por parte de industrias como la agroalimentaria, acuícola, frutícola, forestal, minera e inmobiliaria, en muchos casos con insuficiente control o excesiva permisividad. En otras palabras, Chile se está secando, nuestros ríos están en peligro de extinción y, como país, hemos avanzado muy poco en la protección de nuestros ríos, permitiendo que sigan recibiendo más presiones de uso de sus aguas.

En este contexto, un caso que no tiene lógica alguna es que se siga permitiendo la construcción de un proyecto como Alto Maipo, el que generará una energía marginal en el contexto energético nacional, con el costo asociado de alterar irreversiblemente el régimen hídrico del río, disminuyendo aún más su caudal y el de sus afluentes. Lo sensato, desde una mirada de largo plazo, sería protegerlo y restaurarlo, considerando que la cuenca de este río es la principal reserva de agua de la Región Metropolitana y una de las principales reservas de agua de la zona central del país. Esto es clave si consideramos que la región concentra el 40% de la población nacional, el 50% del PIB y el 80% de la actividad industrial de Chile.

Sin embargo, pareciera que mientras siga saliendo agua de la llave, nuestros ríos no nos importaran. De hecho, solo el 1% de los ríos en Chile se encuentra “protegido” a través de Reservas de Caudales y Santuarios de la Naturaleza, que son las únicas dos figuras de protección con que contamos en la actualidad. Lamentablemente ambas son insuficientes, ya que no protegen de manera integral los ríos, no prohíben expresamente ninguna actividad en ellos y tampoco incentivan la restauración. Un ejemplo de los efectos de esta protección a medias es lo que sucedió con la ranita del Loa, donde los pocos ejemplares que se conocían en la zona tuvieron que ser rescatados por científicos y relocalizados en un zoológico para asegurar su sobrevivencia, pero no se han llevado a cabo acciones para restaurar su hábitat, ni existen mecanismos para promover o exigir esa restauración.

Dado todo lo anterior y en busca de un marco legal orientado a la protección más integral y eficaz de los ríos, surgió la iniciativa de la Ley de Ríos Salvajes, impulsada por Fundación Geute Conservación Sur, ONG Ecosistemas, Fundación Terram e International Rivers. El proyecto de ley busca la protección o restauración de ríos o tramos de ríos y no está enfocada solo en ríos prístinos, sino que en todos aquellos que tengan un alto valor escénico, recreativo, geológico, histórico, cultural o ecológico.

Es decir, ¿el río Maipo podría ser declarado Río Salvaje?, ¡por supuesto que sí! Es tal la importancia de este río, que el mero sentido común nos llama a, al menos, detener en su cauce proyectos que sigan afectando su caudal. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no soñar con una ley que nos permita restaurar sus funciones ecológicas, ambientales o su valor escénico? Podemos trabajar para que la vida natural regrese a sus riberas y volvamos a tener un ecosistema saludable. Un río que vuelva a correr salvaje y que nos permita satisfacer nuestras necesidades de agua, pero de manera responsable y sustentable.

¡Queremos y necesitamos un río Maipo salvaje!